DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
SITUACION DEL ESTADO DE DERECHO EN ECUADOR
La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados estima necesario emitir la presente declaración en defensa del Estado de Derecho, la seguridad ciudadana y los Derechos Humanos en Ecuador ante la gravedad de la situación y los sucesos acontecidos en este país.
Desde su fundación, la UIBA ha fijado, como uno de sus principales objetivos, contribuir al desarrollo de los principios y fines de las Naciones Unidas y a la consecución de un orden jurídico entre todos los países basado en la justicia y en la paz. Así como promover y defender los Derechos Humanos y el acceso a la justicia, como elementos fundamentales del Estado de Derecho y la Democracia.
Estos objetivos requieren, en estos momentos, de un rotundo posicionamiento a favor de la consolidación de la Democracia y el Sistema Constitucional, incluida la necesaria Separación de Poderes y la Independencia del Poder Judicial como elementos esenciales.
Solo en este contexto y con instituciones democráticas y constitucionales sólidas es posible un Estado de Derecho que garantice la gobernabilidad, los derechos de la ciudadanía y el acceso una tutela judicial efectiva y, en definitiva, a la Justicia.
La UIBA y los Colegios y Agrupaciones de Abogados tienen comomisión institucional esencial proteger la independencia y libertad en la defensa de los derechos ciudadanos frente a todo poder público o privado, constituyéndose en celosos vigías de los sistemas constitucionales iberoamericanos.
El Derecho de Defensa y a un proceso con todas las garantías, como parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a laJusticia, requieren de instituciones democráticas y constitucionales sólidas capaces de garantizar la gobernabilidad, los derechos de los ciudadanos y el pleno desarrollo de las personas.
La actual situación en Ecuador, marcada por el avance de la delincuencia organizada nacional y trasnacional, ha provocado la declaración delEstado de Excepción para el control del orden, la seguridad y la gobernabilidad en el país.
El funcionamiento de los órganos judiciales de investigación penal hansufrido desde tiempo atrás, y en especial recientemente, atentados fatales de magistrados y funcionarios judiciales evidenciando una inseguridad personal e institucional de envergadura que se ha concretado con el asesinato del fiscal César Suárez, a cargo de la investigación por la toma de medios de comunicación por bandas delincuenciales de narcotraficantes, no contando con custodia alguna pese a la importancia de su función con riesgo evidente de parte de los grupos y personas investigadas.La situación a la que se ha llegado, con violencia precedente durante el proceso electoral nacional y provincial, exige la profundización de la democracia real siendo esencial garantizar la gobernabilidad que supone la legitimidad de las instituciones políticas, económicas y administrativas.
La gobernabilidad es una de las herramientas más importantes para fortalecer un Estado de Derecho que ofrezca la plena tutela de las libertades civiles, garantías judiciales, derechos fundamentales y la seguridad ciudadana, manteniendo el respeto a la división de funciones de poder en el Estado.
Frente a ella, el delito organizado de tráfico de estupefacientes y la narco mafia o estado narco ha instaurado un sistema inhumano que pretende la impunidad para enriquecerse ilegalmente y violar los Derechos Humanos.
Esta degradación llevó al surgimiento de fallas del estado en garantizar servicios básicos a su población entre los cuales está la seguridad personal e institucional y la lucha legal contra la delincuencia organizada , midiéndose ese fracaso por la intensidad de parámetros de Corrupción política e ineficacia judicial, altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada e inseguridad ciudadana. Así como, altos niveles de informalidad y pobreza extrema, gran parte de la población viviendo en asentamientos irregulares, pérdida del control físico del territorio, pérdida del monopolio en el uso legítimo de la fuerza o incapacidad de responder a emergencias nacionales.
Por ello, y por una sociedad justa, segura y pacífica regida por el Estado de Derecho, la UIBA DECLARA:
Su preocupación por el Estado institucional-social de la hermana Nación Ecuatoriana, que ha llevado al estado de excepción en que se encuentra y su deseo de que se supere prontamente. Su firme posición en defensa de que se combata, dentro del sistema legal constitucional, la delincuencia en todas sus manifestaciones, en especial la organizada nacional y trasnacional, acompañando a los Colegios y Asociaciones de Abogados de Ecuador en este compromiso dentro del sistema constitucional y legal, manteniendo la vigencia del Estado de derecho, la Independencia del Poder Judicial y la seguridad de todos sus miembros integrantes.
Su deseo de que se logre erradicar el acecho generado por grupos delincuenciales organizados nacionales y trasnacionales, a través de los medios legales y la eficaz tarea del Ministerio Publico y del Poder Judicial, preservando la seguridad personal de cada uno de sus integrantes y la tranquilidad institucional que garantice la Paz y el Estado de Derecho.
Su repudio categórico por el asesinato del Fiscal César Suárez, en la ciudad de Durán, acompañando a sus deudos y a la ciudadanía ecuatoriana en este luctuoso suceso.
Su llamamiento a que se extremen las custodias y vigilancias de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público para garantizar su labor independiente, el debido proceso, la separación de poderes y la confianza pública democrática.
Madrid, 24 de enero de 2024
Carlos Alberto Andreucci Salvador González Martin
Presidente Secretario General
